LIMA, 13 DE ENERO DE 2026 – En una decisión que sacude nuevamente el sistema judicial peruano, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público oficializó hoy la suspensión preventiva de José Domingo Pérez, fiscal emblemático de las investigaciones del caso Lava Jato. La medida lo apartará de sus funciones por un periodo de seis meses.
Los motivos: «Deficiencias» en el caso Cócteles
La resolución administrativa señala que Pérez incurrió en infracciones administrativas graves. El punto central de la sanción radica en el manejo del proceso contra Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular. Según la ANC, el fiscal presentó una acusación sin el debido sustento fáctico y probatorio, lo que derivó en que el Poder Judicial devolviera el expediente hasta en 19 ocasiones.
Asimismo, se le cuestiona por no haber acatado lineamientos previos del Tribunal Constitucional, lo que, a juicio de la autoridad de control, afectó la «recta impartición de justicia» y el debido proceso.
Impacto inmediato y recorte salarial
La suspensión no solo implica el cese temporal de sus facultades como fiscal provincial titular, sino también una sanción económica. Durante el medio año que dure la medida, Pérez solo percibirá el 80% de su remuneración mensual.
Un panorama adverso para el ex Equipo Especial
Este golpe administrativo ocurre en un momento crítico. Apenas semanas atrás, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ordenó la desactivación definitiva del Equipo Especial Lava Jato, el grupo de élite que lideró las investigaciones contra la clase política peruana en la última década.
Antecedentes
No es el primer intento de apartar a Pérez de sus casos. En abril de 2025, la ANC dictó una suspensión similar que fue revertida un mes después tras una apelación. Sin embargo, en esta ocasión, la contundencia de la resolución y el contexto de desmantelamiento del equipo especial sugieren un escenario mucho más complejo para el fiscal.
Nota: Hasta el cierre de esta edición, la defensa de José Domingo Pérez no ha confirmado si presentará una acción de amparo para frenar la medida, como ocurrió en ocasiones anteriores.
