LIMA, 18 DE DICIEMBRE DE 2025 — En una decisión judicial clave que redefine el panorama legal del exlíder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Víctor Polay Campos. La medida responde a la investigación por el Caso Las Gardenias, relacionado con crímenes de odio y ejecuciones extrajudiciales cometidos por la organización terrorista entre 1989 y 1992.
Esta resolución llega en un momento crítico, ya que Polay Campos se encontraba a pocos meses de cumplir su condena de 32 años de cárcel por terrorismo, la cual vencía originalmente en enero de 2026. Con este nuevo mandato, su salida de la Base Naval del Callao queda suspendida.
El Caso Las Gardenias: Crímenes de Odio
La investigación fiscal sostiene que Polay Campos, en su calidad de cabecilla del MRTA, fue el autor mediato de la masacre ocurrida el 31 de mayo de 1989 en la discoteca «Las Gardenias», en Tarapoto. En dicho evento, un destacamento del grupo subversivo asesinó a ocho personas pertenecientes a la comunidad LGTBI como parte de una autodenominada política de «limpieza social».
Además de la masacre en la discoteca, la fiscalía le atribuye responsabilidad en los asesinatos de:
- Luis Pinchi (estilista).
- Silvano Vela.
- Salomón Pérez.
Argumentos de la Fiscalía
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo solicitó la medida argumentando un inminente riesgo de fuga debido a la proximidad de su liberación. Asimismo, el Ministerio Público ha presentado una acusación formal solicitando la cadena perpetua para Polay y otros exmiembros de la cúpula del MRTA, como María Cumpa y Peter Cárdenas Schultz.
«La gravedad de los hechos y la naturaleza de crímenes de lesa humanidad que se imputan exigen que el procesado permanezca bajo custodia para garantizar el desarrollo del juicio oral», señaló el representante de la fiscalía durante la audiencia.
Reacción de la Defensa
La defensa técnica de Polay Campos ha rechazado la medida, argumentando que se trata de una «persecución infinita» y que los hechos han prescrito por haber ocurrido hace más de 30 años. Sin embargo, el juzgado determinó que, al tratarse de graves violaciones a los derechos humanos en un contexto de ataque sistemático, estos delitos son imprescriptibles.
