Callao, 15 de diciembre de 2025 – Un fuerte golpe a la presunta corrupción regional se ejecutó esta mañana en el Callao, donde la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en coordinación con la Policía Nacional (DIRCOCOR), realizó un megaoperativo que incluyó el allanamiento de 27 inmuebles, entre ellos la residencia del gobernador regional, Ciro Castillo Rojo.
La medida se da en el marco de la investigación contra la supuesta organización criminal denominada «Los Socios del GORE Callao», a la que se atribuyen los delitos de Organización Criminal y Colusión Agravada.
🔍 Gobernador Castillo con Orden de Ubicación y Captura
Las autoridades revelaron que existe una orden de ubicación y captura contra el gobernador Ciro Castillo, sobre quien pesa una orden de detención preliminar por 15 días. Al momento de las diligencias en su vivienda, ubicada en La Punta, el funcionario fue declarado «no habido» por las autoridades.
La Fiscalía sostiene que la presunta red criminal, que involucra a 15 funcionarios y trabajadores del Gobierno Regional del Callao, habría coordinado la emisión irregular de órdenes de compra y servicio para favorecer a proveedores y así evitar los procesos de selección establecidos por ley.
El presunto perjuicio económico al Estado ascendería a más de 1.4 millones de soles, provenientes de al menos 63 contrataciones públicas con aparentes irregularidades que se habrían gestado desde el inicio de la gestión de Castillo Rojo.
👥 Detenidos e Inmuebles Allandos
Durante el operativo simultáneo, se logró la detención preliminar de cuatro personas, entre ellas presuntos proveedores y funcionarios del Gobierno Regional como el encargado de almacén, un especialista y el coordinador de contrataciones.
🗣️ La Defensa Legal se Pronuncia
Por su parte, el abogado de Ciro Castillo, Humberto Abanto, declaró a la prensa que el allanamiento a la casa del gobernador fue «declarado infructuoso» ya que no se encontró documentación vinculada a los hechos investigados.
El letrado anunció que presentará una apelación contra la orden de detención preliminar dictada contra su patrocinado y evitó revelar información sobre el paradero del gobernador.
