Lima, 12 de diciembre de 2025 – Tras más de un año de exhaustivas diligencias e investigación preliminar, el Ministerio Público ha tomado la decisión de archivar definitivamente el caso que involucraba al periodista Gustavo Gorriti y a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez por el presunto delito de cohecho.
La denuncia, que generó gran revuelo mediático y político, implicaba a las tres figuras en la supuesta concertación de beneficios irregulares a cambio de politizar y dirigir las investigaciones vinculadas al caso Lava Jato en el Perú. Específicamente, se les acusaba de haber coordinado acciones para favorecer o perjudicar a ciertas figuras políticas y empresariales bajo investigación.
🔎 La Decisión Fiscal
Fuentes cercanas a la Fiscalía de la Nación confirmaron que, luego de analizar la totalidad de los elementos de convicción recabados, la evidencia documental y los testimonios, la instancia a cargo determinó que no existen indicios suficientes ni prueba fehaciente que acrediten la materialización del delito de cohecho (soborno) ni la concertación ilícita entre los implicados.
«La investigación no ha logrado establecer una contraprestación indebida o un acuerdo para manipular las investigaciones de Lava Jato, más allá de las comunicaciones propias y legítimas del ejercicio de sus funciones como periodista de investigación y fiscales a cargo de casos de alta complejidad», señaló un comunicado interno al que este medio tuvo acceso.
⏳ Más de un Año de Pesquisa
La investigación preliminar, que se inició hace más de doce meses, incluyó la revisión de comunicaciones, el levantamiento del secreto de las comunicaciones (en algunos casos), la recolección de declaraciones de testigos y la pericia de documentos. El caso había sido impulsado por una denuncia que sugería una injerencia indebida en el sistema de justicia.
- Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, siempre sostuvo que sus comunicaciones con los fiscales formaban parte de su labor periodística de investigación.
- Los fiscales Vela Barba y Pérez Gómez, integrantes del equipo especial Lava Jato, defendieron la legalidad y autonomía de sus actuaciones, negando cualquier intercambio ilícito.
Con esta decisión, el Ministerio Público concluye que las conversaciones examinadas no configuran un acto de corrupción, sino que se enmarcan dentro del flujo de información y coordinación que, si bien puede ser objeto de debate ético o de procedimiento, no alcanza la valla penal para la imputación de cohecho.
¿Qué sigue?
La resolución de archivo será notificada a las partes, quienes tendrán un plazo para presentar un recurso de elevación de actuados ante la Fiscalía Superior en caso de disconformidad. Sin embargo, en la práctica, la decisión del archivo preliminar marca el punto final de este mediático proceso penal para los implicados.
